La supervisión de las finanzas populares en México atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Diversas fuentes del sector, académicos y analistas financieros coinciden en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera actualmente bajo un esquema marcado por la parálisis operativa, la pérdida de talento técnico y la toma de decisiones discrecionales. Esta situación ha generado una erosión en la confianza hacia el supervisor, pilar fundamental del sistema financiero.
Las críticas del sector apuntan directamente a la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, encabezada por Eugenio Laris González, y al papel operativo de Jorge Manfred Ramírez Castañeda. Desde la llegada de Laris, funcionarios y entidades supervisadas han señalado una etapa caracterizada por la salida acelerada de personal técnico especializado, renuncias de funcionarios clave y un ambiente de inmovilidad interna.
Analistas sostienen que la actual conducción carece del perfil técnico profundo necesario para la supervisión prudencial en áreas críticas como normativa contable, administración de riesgos, criterios de capitalización y marcos de Basilea. Por su parte, Ramírez Castañeda es descrito como un operador con alta concentración de decisiones e injerencia en procesos de revocación y recálculo prudencial, bajo un estilo que participantes del sistema califican de opaco y confrontativo.
El deterioro de la supervisión preventiva ha quedado de manifiesto en casos recientes. El colapso de CAME se ha convertido en el símbolo de una “supervisión reactiva”. Según cronologías del mercado, existió un deterioro extremo de indicadores y hallazgos de liquidez crítica sin que la autoridad actuara con la oportunidad requerida, derivando en una intervención tardía y protestas de ahorradores.
Asimismo, el caso de Acción y Evolución encendió alertas debido a un recálculo del NICAP (Nivel de Capitalización) realizado “por oficio” bajo instrucción administrativa. Este movimiento reclasificó a la entidad de Categoría I (solvente) a Categoría IV (insolvencia) de forma abrupta. La falta de transparencia metodológica y la ausencia de una explicación técnica pública en este proceso han puesto en duda la credibilidad del marco prudencial.
La tendencia institucional preocupa al sector debido a la acumulación de revocaciones de entidades como FICREA, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle de Tehuacán y Financiera Auxi, entre otras. El diagnóstico general apunta a que la CNBV llega tarde a las señales de alerta, lo que incrementa los costos para las entidades y los ahorradores.
El sistema de finanzas populares atiende a millones de mexicanos y, ante el escenario actual, diversos actores del mercado exigen respuestas claras sobre la estrategia para frenar la fuga de personal y los criterios utilizados en las decisiones prudenciales. Para los especialistas, el reto inmediato de la CNBV es reconstruir la credibilidad institucional y garantizar una supervisión técnica y predecible.